La principal deuda institucional con el ejército radica en los retrasos en las redefiniciones de su papel en la sociedad; México es de los pocos países que ha ido posponiendo la definición de doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional, los dos pilares básicos de la soberanía, la paz, el bienestar y la vigencia de la Constitución.

Los intentos más de fondo para arribar a nuevas formas doctrinarias sobre el papel de las fuerzas armadas en la vida institucional se dieron en el contexto de la iniciativa de reforma a la ley de seguridad nacional durante el sexenio pasado y en medio de una creciente participación del ejército en la lucha contra los cárteles de la droga. Pero la iniciativa se atoró en el congreso por la falta de un consenso político y conceptual sobre la seguridad nacional y sus vertientes, pero a costa de afectar la coordinación en la toma de decisiones ante la presencia del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado.

El punto de debate radicó en la conceptualización de la seguridad nacional, cuyos principios están ya contenidos en la ley vigente: “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”, entre ellas, la soberanía, orden constitucional, unidad territorial y defensa de fronteras; y la fracción VI no deja ninguna duda sobre el objetivo de la seguridad nacional: “la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes”.

El problema surgió por la participación del ejército en la estrategia de combate contra el crimen organizado que había expropiado parte de la soberanía territorial del Estado nacional, hechos que se siguen repitiendo en lugares donde el crimen organizado ha asumido condición casi de gobierno. Y el punto central se localizó en la participación del ejército en tareas domésticas: cuando la seguridad pública que corresponde a la policía es violentada en espacios de soberanía del Estado, viabilidad constitucional y peligro para la sociedad.

Ahí es donde los legisladores han fallado: debatir la posibilidad de un enfoque doctrinario sobre el papel de las fuerzas armadas cuando la violencia criminal es un asunto de seguridad interior, que sería algo así como una variante similar a la seguridad nacional: el riesgo de la viabilidad del Estadio nacional y del orden constitucional.

En este contexto, la nueva estrategia de seguridad del gobierno federal priísta debe de entrar de lleno a la definición de las dos doctrinas torales de la seguridad del Estado: la nacional y la de defensa nacional. Se trataría de doctrinas que fortalecerían el papel del Estado como la institución central de la república.

El temor legislativo radica en el hecho de que las doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional tendrían que definir la vertiente de autoridad superior del Estado y la necesidad de utilizar la fuerza para combatir distorsiones. Las doctrinas modernas del Estado señalan tareas de poder y de fuerza del Estado manteniendo el respeto a la democracia y los derechos humanos.

En este contexto, por ejemplo, la doctrina de defensa nacional de Chile es clara en sus alcances sin tentaciones dictatoriales: “la defensa nacional es el conjunto de medios materiales, humanos y morales que una nación puede oponer a las amenazas de un adversario en contra de sus intereses (…) Es una función intransferible del Estado que se orienta por claros principios estatales y es conducida por un conjunto de autoridades e institucionales”.

Y la doctrina de defensa y seguridad nacional de Colombia, país azotado por las amenazas externas y sobre todo por el crimen organizado y la guerrilla en el aspecto interno, también asume compromisos sociales: “es deber del Estado diseñar, en el marco del respeto de los derechos humanos y las normas del derecho internacional humanitario, las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para ofrecer a sus asociados un grado relativo de garantías para la consecución y mantenimiento de niveles aceptables de convivencia pacífica y seguridad ciudadana”.

Muy al estilo mexicano, la discusión aquí ha comenzado con el final: la ley de víctimas ha buscado detener la lucha gubernamental contra los delincuentes que han asesinado intencionadamente a ciudadanos que se oponen a sus delitos. El analista Carlos Elizondo Mayer-Serra ha recordado (Reforma, 14 de febrero pasado) el planteamiento doctrinario del poeta Javier Sicilia que proviene de un concepto religioso que nada tiene que ver con las leyes terrenales: “los muertos culpables (delincuentes) son también seres humanos que un Estado corrupto y omiso arroja día con día a la delincuencia...”, porque, sería el complemento lógico, todos somos hijos de Dios. Al final, la ley de víctimas protege a los delincuentes, mientras las fuerzas armadas pagan el costo de las indefiniciones legislativas.

Se trataría de una dialéctica poética: el Estado como el demonio a exorcizar por asumirse como Dios en la tierra, pero en el entendido de que el Estado ya no puede ser corrupto si combate a los delincuentes no sólo en sus madrigueras sino en sus complicidades con los sectores políticos, gubernamentales, religiosos y sociales. De ahí que el planteamiento religioso de Sicilia esté lejos de la preocupación por los mexicanos que son extorsionados, secuestrados y asesinados por los delincuentes y se acerca más al anarquismo católico en donde la maldad se castiga con el infierno, a pesar de las carcajadas de los delincuentes que paradójicamente creen en Dios y se persignan pero siguen asesinando con impunidad y protegidos por los derechos humanos.

De ahí que a cien años de fundación, el ejército siga a la espera de las doctrinas de seguridad nacional y de defensa nacional que le den certeza a su papel fundamental en la sociedad mexicana.